¿Cómo reactivar un desahucio suspendido por vulnerabilidad?

El Tribunal Constitucional aclara los requisitos para los grandes tenedores

Tener un procedimiento de desahucio suspendido durante meses plantea una pregunta inevitable para el propietario: ¿qué hace falta para que el juzgado vuelva a tramitarlo? La respuesta no depende únicamente de solicitar el levantamiento de la suspensión. En determinados supuestos, la ley exige acreditar antes un intento de conciliación o intermediación.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 64/2026, de 23 de septiembre, ha confirmado la constitucionalidad de esa exigencia para determinados procedimientos suspendidos al amparo del Real Decreto-ley 11/2020, cuando quien solicita su reanudación tiene la condición de gran tenedor de vivienda.

¿A qué desahucios afecta esta obligación?

No se aplica a cualquier desahucio ni a cualquier propietario. La disposición transitoria tercera de la Ley 12/2023 contempla los procedimientos de desahucio y lanzamientos suspendidos por aplicación de los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020. Para su reanudación, cuando la parte actora es un gran tenedor, exige una petición expresa y la acreditación del trámite previo de conciliación o intermediación ante los servicios públicos competentes.

La disposición fija como referencia el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, esa fecha no significa que todos los procedimientos puedan reanudarse automáticamente: antes hay que examinar la causa concreta de la suspensión, su situación procesal y la normativa aplicable en ese momento.

¿Quién tiene la consideración de gran tenedor?

Se considera gran tenedor a aquella persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida residencial superior a 1500m², exckuidos garajes y trasteros, según la Ley 12/2023. En zonas de mercado residencial tensionado, la definición puede particularizarse hasta titulares de cinco o más inmuebles urbanos residenciales, en los términos legalmente previstos.

¿Hay que alcanzar un acuerdo con el okupa?

No. La exigencia consiste en acudir al procedimiento de conciliación o intermediación y acreditar su realización o intento en la forma legalmente prevista. No obliga al propietario a aceptar un acuerdo con el ocupante ni convierte la falta de entendimiento en un impedimento definitivo para solicitar la continuación del procedimiento.

El Tribunal Constitucional considera que esta carga procesal persigue fines legítimos y no vulnera, por sí misma, la tutela judicial efectiva ni el derecho de propiedad. La sentencia incluye votos particulares discrepantes.

¿Cómo se acredita la conciliación si la Administración no responde?

La disposición transitoria tercera prevé dos vías principales:

  • Aportar el documento de los servicios competentes que recoja el resultado del procedimiento, la identidad de las partes, el objeto del conflicto y, en su caso, la negativa a participar. Su vigencia no puede ser superior a tres meses.
  • Presentar una declaración responsable acompañada del justificante de solicitud, cuando se haya acudido a esos servicios dentro de los cinco meses anteriores a la petición de reanudación y no se haya recibido atención ni se hayan iniciado los trámites en los dos meses siguientes a la solicitud.

En el caso de entidades públicas de vivienda, la ley contempla una previsión específica relativa a sus propios servicios de intermediación.

¿Qué conviene revisar antes de solicitar la reanudación de un procedimiento de desahucio ?

El primer paso es identificar la resolución que acordó la suspensión y su fundamento legal. Después, verificar si el propietario reúne la condición de gran tenedor, si el requisito de conciliación resulta exigible y qué documentación permite acreditarlo.

La obligación analizada por el Tribunal Constitucional es específica y no debe confundirse con los requisitos generales de negociación previa que puedan afectar a otros litigios.

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 Referencia jurídica: STC 64/2026, de 23 de septiembre (BOE de 29 de octubre de 2026), FJ 6; disposición transitoria tercera de la Ley 12/2023.

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